Maira Lamara
Los fiscales generales de La Plata, Marcelo Molina y Hernán
Schapiro, pidieron la elevación a juicio de 16 represores por crímenes
de lesa humanidad y genocidio cometidos en el Pozo de Quilmes, centro
clandestino que pertenecía a la policía bonaerense pero donde también
operaron las fuerzas militares. Entre 1975 y 1979, pasaron 175 víctimas.
Entre los acusados se encuentran Jaime Smart, Miguel Etchecolatz y
Jorge Bergés.
A veces hay hechos que guardan una triste coincidencia. El 16 de
septiembre de 1976, secuestraban 10 estudiantes en la Plata, el episodio
lo recordamos como “La noche de los lápices”. Una nota periodística
reciente señalaba que la misma fecha, 16 de septiembre pero de 2014,
se llevan vivos a 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa,
México, quienes aún continúan desaparecidos.
El pozo de Quilmes integró lo que se conoce como el Circuito Camps:
los centros clandestinos de detención de Arana, Pozo de Banfield, la
Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Comisarías
5a., 8a., y 9a. de La Plata y 3a. de Valentín Alsina, en Lanús, y el
Polígono de Tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires. Fue en
el Pozo de Quilmes donde algunos de estudiantes secuestrados esa noche
de 1975 permanecieron detenidos, fueron torturados, y de ellos solo 4
sobrevivieron. En total el pedido de los fiscales incluye a 16
represores.
Resuenan entre los acusados algunos nombres, el ex comisario Miguel
Etchecolatz va ser uno de ellos. Que los fiscales Molina y Schapiro
puedan utilizar para imputar a los represores el cargo de genocidas
mucho tiene que ver con este nombre: Miguel Etchecolatz. La introducción
de la figura de genocidio fue reconocida a instancia CeProDH (Centro de
Profesionales por los Derechos Humanos) quienes sostuvieron que los
represores deben ser juzgados por actuar en el marco de un Genocidio, es
decir un plan sistemático de asesinatos, torturas y desaparición de
personas, destinado a destruir a una parte de la población en función de
una reorganización social profunda. Eso fue lo que ocurrió entre los
años 1976 y 1983. El 18 de septiembre de 2006 mientras se aguardaba la
lectura de los alegatos durante el juicio en el que Miguel Etchecolatz
(Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires durante la dictadura), fue el primer acusado por genocidio. El
testigo clave en este juicio, Jorge Julio López, no pudo llegar el
último día de este juicio a escuchar la sentencia. Por segunda vez era
desaparecido. Sus abogadas, Myriam Bregman del CeProDH y Guadalupe
Godoy, ambas integrantes de ¡Justicia Ya!, denunciaron esta desaparición
y señalaron al entorno de Etchecolatz, y sus amigos de la Policía
Bonaerense que aun en estos años de gobiernos constitucionales conservan
sus puestos dentro de esta fuerza.
2014: lucha de Lear
El mismo día que conmovidos escuchamos la buena noticia de haber
recuperado la identidad del nieto de Estela de Carlotto, otra nieta
recuperada por la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo era detenida en la
sede que Gendarmería tiene en la órbita de Campo de Mayo, en Boulogne
sur Mer al 800, Pacheco.
El gendarme pregunta: ¿Usted donde nació? Provincia de Buenos Aires.
¿En dónde? En el pozo de Banfield ¿Dónde? El pozo de Banfield. Así respondió María Victoria Moyano Artigas,
nieta recuperada, miembro del CeProDH, el 8 de agosto después de haber
sido detenida en una protesta en la que apoyaba a los trabajadores de
Lear. Ese fue el lugar donde María Asunción Artigas de 27 años,
estudiante de medicina, dio a luz. Había sido secuestrada el 30 de
diciembre de 1977, junto a su marido Alfredo Moyano. Ambos se habían
exiliado tres años antes desde Uruguay, donde militaban en la
resistencia obrera estudiantil. El “circuito Camps” (tomó su nombre por
el general Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense) tuvo la
particularidad de ser uno de los centros clandestinos donde se detenían a
las víctimas del Plan Cóndor. Incluso, entre 1977 y 1978, el grupo
denominado Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas del
Ejército Uruguayo, que dependía de las fuerzas armadas uruguayas, eran
los encargados de ocuparse de un numeroso grupo de detenidos
clandestinos de nacionalidad uruguaya dentro del Pozo de Quilmes.
Los acusados que irán a juicio
Además de Etchecolatz, irán a juicio el abogado Jaime Smart; el
médico Jorge Bergés; ex subjefe policial, Rodolfo Aníbal Campos; el ex
segundo comandante del Cuerpo I del Ejército, Jorge Carlos Olivera
Róvere; el ex segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Brigada
de Infantería X del Ejército, con sede en La Plata, Héctor Humberto
Gamen; el ex jefe del Batallón Depósitos de Arsenales 601, Eduardo
Samuel De Lío; Antonio Herminio Simón; Emilio Alberto Herrero Anzorena;
Anselmo Pedro Palavezzati, Ricardo Armando Fernández; Jorge Héctor Di
Pasquale; Carlos María Romero Pavón; Gustavo Adolfo Cacivio; Miguel
Ángel Amigo; Roberto Armando Balmaceda.
El Pozo de Quilmes empezó a funcionar en agosto 1975 como lugar de
detención clandestina de presos políticos. A partir del golpe del ´76
continuó como centro clandestino de detención. En enero del ‘77 pasa a
la autoridad militar. La condiciones de detención, según relatan los
fiscales, eran muy crueles "La violencia sexual y la desnudez forzada
ejercida sobre los detenidos de sexo masculino, ejecutada con la
intención de feminizarlos, conllevó para éstos una humillación
particular, adicionada al resto de los tratos inhumanos y degradantes
proferidos por los captores".
Los juicios
Como explica Horacio Verbitsky
“Con los procesos terminados este año ya llega a 553 el número de
personas condenadas, mientras 50 fueron absueltas. Otras 51 personas
fueron sobreseídas en la etapa de instrucción y los jueces resolvieron
que no había pruebas suficientes para acusar a 112 imputados”. Mientras
Verbitsky da estos datos una visión positiva, sobre todo cuando la
compara con otros países donde no ha habido voluntad de juzgar los
crimenes de lesa humanidad, pero Eduardo Castilla interpreta
estos datos de un modo distinto. Aunque Castilla reconoce que los
juicios en nuestro país significa un avance comparado con otros países,
sin embargo sostiene que aún se está lejos de haber sancionado
verdaderamente el genocidio y afirma que “En la última década decenas de
represores ha muerto impunes, miles de ellos aún revisten en las
fuerzas represivas nacionales y provinciales, la casta judicial se halla
poblada de funcionarios que participaron de la dictadura y el
empresariado que propulsó el golpe sigue, esencialmente, impune.”
Mientras no se abran los archivos de la dictadura, que aún permanecen
ocultos, y los genocidas sean juzgados sólo después que largos procesos
jurídicos lo sientan en el banquillo de los acusados. Mientras no se
juzgue por centros clandestino a todos los que actuaron en él y sólo a
los que son imputados por algún familiar que impulse la causa. Mientras
continúen el pacto de silencio que permite que muchos funcionarios de la
dictadura continúen en función. Mientras no se conozca la identidad de
los 400 nietos que aún falta recuperar. Mientras todo esto continué
muchos de los genocidas quedarán impunes y no podremos encontrar la
identidad de los nietos apropiados.
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