martes, 13 de enero de 2015

Las etapas del circuito represivo

El "Pozo de Quilmes" fue uno de los centros clandestinos sobre los que más se indagó en los juicios realizados en los '80 a las juntas militares y al equipo represivo encabezado por el jefe policial Ramón Camps. Entre otros casos, se comprobó que permanecieron secuestrados algunos de los jóvenes estudiantes secundarios de la denominada "Noche de los Lápices". También entonces se determinó que en 1977 y 1978 actuaron en el lugar representantes de las fuerzas armadas uruguayas, en el marco de la Operación Cóndor: "Ingresaban miembros del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas del Ejército Uruguayo –O.C.O.A.- que eran los encargados de tratar con un numeroso grupo de detenidos clandestinos de nacionalidad uruguaya, a quienes, entre otras cosas, interrogaban", dijeron Molina y Schapiro.

En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales detallaron varias etapas. En primer lugar, desde agosto de 1975 funcionó como lugar de detención de prisioneros clandestinos –la mayoría, presos políticos- antes de comenzada la dictadura. Luego del golpe del ’76, se dio una continuidad como centro clandestino de detención.

Hasta el 31 de diciembre de aquel año se reconoció el funcionamiento de una brigada policial, pero a partir de enero de 1977, el lugar "permaneció a disposición de la autoridad militar". El “Pozo de Quilmes”, en efecto, funcionó a partir de allí con una división de tareas: el Ejército se encargaba de realizar controles y practicar interrogatorios, y la policía hacía las guardias.

Después del ´77, hubo un traslado masivo de oficiales para reforzar la represión. Los verdugos también lo llamaron como “Puesto Malvinas” u “Omega”. A comienzos de 1979, y como consecuencia de una interna militar en el Cuerpo I del Ejército, el centro clandestino recibió nueve prisioneros procedentes de El Atlético, El Banco y El Olimpo. Ese hecho no habría pasado desapercibido: una facción le habría ocultado los desaparecidos a otra.

Las condiciones de detención fueron feroces. "La violencia sexual y la desnudez forzada ejercida sobre los detenidos de sexo masculino, ejecutada con la intención de feminizarlos, conllevó para éstos una humillación particular, adicionada al resto de los tratos inhumanos y degradantes proferidos por los captores", destacaron los fiscales.

miércoles, 7 de enero de 2015

Pozo de Quilmes: 16 represores a juicio

Maira Lamara
Los fiscales generales de La Plata, Marcelo Molina y Hernán Schapiro, pidieron la elevación a juicio de 16 represores por crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en el Pozo de Quilmes, centro clandestino que pertenecía a la policía bonaerense pero donde también operaron las fuerzas militares. Entre 1975 y 1979, pasaron 175 víctimas. Entre los acusados se encuentran Jaime Smart, Miguel Etchecolatz y Jorge Bergés.

A veces hay hechos que guardan una triste coincidencia. El 16 de septiembre de 1976, secuestraban 10 estudiantes en la Plata, el episodio lo recordamos como “La noche de los lápices”. Una nota periodística reciente señalaba que la misma fecha, 16 de septiembre pero de 2014, se llevan vivos a 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, México, quienes aún continúan desaparecidos.

El pozo de Quilmes integró lo que se conoce como el Circuito Camps: los centros clandestinos de detención de Arana, Pozo de Banfield, la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Comisarías 5a., 8a., y 9a. de La Plata y 3a. de Valentín Alsina, en Lanús, y el Polígono de Tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires. Fue en el Pozo de Quilmes donde algunos de estudiantes secuestrados esa noche de 1975 permanecieron detenidos, fueron torturados, y de ellos solo 4 sobrevivieron. En total el pedido de los fiscales incluye a 16 represores.

Resuenan entre los acusados algunos nombres, el ex comisario Miguel Etchecolatz va ser uno de ellos. Que los fiscales Molina y Schapiro puedan utilizar para imputar a los represores el cargo de genocidas mucho tiene que ver con este nombre: Miguel Etchecolatz. La introducción de la figura de genocidio fue reconocida a instancia CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) quienes sostuvieron que los represores deben ser juzgados por actuar en el marco de un Genocidio, es decir un plan sistemático de asesinatos, torturas y desaparición de personas, destinado a destruir a una parte de la población en función de una reorganización social profunda. Eso fue lo que ocurrió entre los años 1976 y 1983. El 18 de septiembre de 2006 mientras se aguardaba la lectura de los alegatos durante el juicio en el que Miguel Etchecolatz (Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura), fue el primer acusado por genocidio. El testigo clave en este juicio, Jorge Julio López, no pudo llegar el último día de este juicio a escuchar la sentencia. Por segunda vez era desaparecido. Sus abogadas, Myriam Bregman del CeProDH y Guadalupe Godoy, ambas integrantes de ¡Justicia Ya!, denunciaron esta desaparición y señalaron al entorno de Etchecolatz, y sus amigos de la Policía Bonaerense que aun en estos años de gobiernos constitucionales conservan sus puestos dentro de esta fuerza.

2014: lucha de Lear
El mismo día que conmovidos escuchamos la buena noticia de haber recuperado la identidad del nieto de Estela de Carlotto, otra nieta recuperada por la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo era detenida en la sede que Gendarmería tiene en la órbita de Campo de Mayo, en Boulogne sur Mer al 800, Pacheco.

El gendarme pregunta: ¿Usted donde nació? Provincia de Buenos Aires. ¿En dónde? En el pozo de Banfield ¿Dónde? El pozo de Banfield. Así respondió María Victoria Moyano Artigas, nieta recuperada, miembro del CeProDH, el 8 de agosto después de haber sido detenida en una protesta en la que apoyaba a los trabajadores de Lear. Ese fue el lugar donde María Asunción Artigas de 27 años, estudiante de medicina, dio a luz. Había sido secuestrada el 30 de diciembre de 1977, junto a su marido Alfredo Moyano. Ambos se habían exiliado tres años antes desde Uruguay, donde militaban en la resistencia obrera estudiantil. El “circuito Camps” (tomó su nombre por el general Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense) tuvo la particularidad de ser uno de los centros clandestinos donde se detenían a las víctimas del Plan Cóndor. Incluso, entre 1977 y 1978, el grupo denominado Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas del Ejército Uruguayo, que dependía de las fuerzas armadas uruguayas, eran los encargados de ocuparse de un numeroso grupo de detenidos clandestinos de nacionalidad uruguaya dentro del Pozo de Quilmes.

Los acusados que irán a juicio
Además de Etchecolatz, irán a juicio el abogado Jaime Smart; el médico Jorge Bergés; ex subjefe policial, Rodolfo Aníbal Campos; el ex segundo comandante del Cuerpo I del Ejército, Jorge Carlos Olivera Róvere; el ex segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería X del Ejército, con sede en La Plata, Héctor Humberto Gamen; el ex jefe del Batallón Depósitos de Arsenales 601, Eduardo Samuel De Lío; Antonio Herminio Simón; Emilio Alberto Herrero Anzorena; Anselmo Pedro Palavezzati, Ricardo Armando Fernández; Jorge Héctor Di Pasquale; Carlos María Romero Pavón; Gustavo Adolfo Cacivio; Miguel Ángel Amigo; Roberto Armando Balmaceda.

El Pozo de Quilmes empezó a funcionar en agosto 1975 como lugar de detención clandestina de presos políticos. A partir del golpe del ´76 continuó como centro clandestino de detención. En enero del ‘77 pasa a la autoridad militar. La condiciones de detención, según relatan los fiscales, eran muy crueles "La violencia sexual y la desnudez forzada ejercida sobre los detenidos de sexo masculino, ejecutada con la intención de feminizarlos, conllevó para éstos una humillación particular, adicionada al resto de los tratos inhumanos y degradantes proferidos por los captores".

Los juicios
Como explica Horacio Verbitsky “Con los procesos terminados este año ya llega a 553 el número de personas condenadas, mientras 50 fueron absueltas. Otras 51 personas fueron sobreseídas en la etapa de instrucción y los jueces resolvieron que no había pruebas suficientes para acusar a 112 imputados”. Mientras Verbitsky da estos datos una visión positiva, sobre todo cuando la compara con otros países donde no ha habido voluntad de juzgar los crimenes de lesa humanidad, pero Eduardo Castilla interpreta estos datos de un modo distinto. Aunque Castilla reconoce que los juicios en nuestro país significa un avance comparado con otros países, sin embargo sostiene que aún se está lejos de haber sancionado verdaderamente el genocidio y afirma que “En la última década decenas de represores ha muerto impunes, miles de ellos aún revisten en las fuerzas represivas nacionales y provinciales, la casta judicial se halla poblada de funcionarios que participaron de la dictadura y el empresariado que propulsó el golpe sigue, esencialmente, impune.”

Mientras no se abran los archivos de la dictadura, que aún permanecen ocultos, y los genocidas sean juzgados sólo después que largos procesos jurídicos lo sientan en el banquillo de los acusados. Mientras no se juzgue por centros clandestino a todos los que actuaron en él y sólo a los que son imputados por algún familiar que impulse la causa. Mientras continúen el pacto de silencio que permite que muchos funcionarios de la dictadura continúen en función. Mientras no se conozca la identidad de los 400 nietos que aún falta recuperar. Mientras todo esto continué muchos de los genocidas quedarán impunes y no podremos encontrar la identidad de los nietos apropiados.

Referencias sobre el Pozo de Quilmes

La Brigada de Investigaciones de Quilmes fue creada en agosto de 1963, y desde ese momento funcionó en la esquina de las calles Alison Bell y Garibaldi. De acuerdo a un informe oficial de la Jefatura de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el 1 de enero de 1977 la Brigada “fue suprimida con motivo de la nueva organización aprobada por la Jefatura” y el edificio “permaneció a disposición de la autoridad militar”, en referencia a las disposiciones oficiales según las cuales la dependencia policial pasaba a funcionar bajo la órbita de las autoridades militares “en todo lo inherente a la lucha contra la subversión”, es decir, como centro clandestino de detención.

De todos modos, si bien oficialmente este cambio de función de la Brigada ocurrió en enero de 1977, de los testimonios de sobrevivientes del “Pozo de Quilmes”o "Chupadero Malvinas", surge con claridad que esta dependencia policial funcionó como centro clandestino de detención al menos desde agosto de 1975, cerca de siete meses antes del golpe de Estado. Durante esta primera etapa (desde agosto de 1975 hasta mediados de 1976), se alojó allí a algunos detenidos que luego serían puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y trasladados a unidades penales.

Según el ex comisario Lucas Gumersindo Belich, quien fue jefe de la Brigada al menos entre junio de 1976 y enero de 1977, aproximadamente dos meses después de su ingreso a la dependencia recibió la orden del entonces Director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz, de trasladar a todos los detenidos comunes a otras dependencias y transformar a la Brigada en un lugar exclusivo de alojamiento de prisioneros ilegales. Esto coincide temporalmente con las fechas en las que comenzaron a ser llevados allí los primeros detenidos-desaparecidos de la dictadura, a partir de mediados de agosto de 1976. Desde esa fecha el “Pozo de Quilmes” funcionó ininterrumpidamente durante dos años como Centro Clandestino de Detención y Tortura.

DESMANTELAMIENTO

El período de desmantelamiento del Centro clandestino de detención comenzó aproximadamente a partir de julio de 1978, cuando fueron liberados o “trasladados” los últimos prisioneros (Rodolfo Tiscornia, Rodolfo Francisco Nanni, Roberto Antonio Laporta y Diego Barreda): progresivamente, se fue retirando la maquinaria de suplicios y se desmontó la estructura represiva del CCD, que dejó de alojar y torturar prisioneros clandestinos. Sin embargo, la contingencia de un enfrentamiento interno entre los mandos del Primer Cuerpo de Ejército que se sucedieron a fines de 1978, posibilitó que el lugar volviera a alojar prisioneros ilegales bajo la denominación “Omega”, durante los primeros tres meses de 1979: el teniente coronel Guillermo Antonio Minicucci — en aquél momento a cargo del CCD conocido como “El Olimpo” —, junto a un grupo de unos 12 oficiales y suboficiales complotados, realizaron un traslado masivo de unos 100 detenidos de “El Olimpo”, vaciándolo durante la noche y trasladando a una decena de ellos (que integraban lo que los represores llamaban el “Consejo”), junto con las carpetas de Casos, con equipamiento de enfermería, con las picanas, con todo lo que utilizaban para el funcionamiento del Campo al “Pozo de Quilmes”, sin el conocimiento del nuevo mando del Primer Cuerpo que había asumido a principios de 1979, el general Leopoldo Fortunato Galtieri. 

Desde enero hasta abril de aquél año, una decena de secuestrados fueron tutelados por autoridad militar con un régimen permisivo, circulando libremente por el CCD durante el día, y encerrados en las pequeñas celdas durante la noche, quedando bajo el cuidado del personal de la comisaría de Quilmes. Recibieron allí las “visitas” de miembros de los altos mandos militares y policiales como el general Camps, el comisario Etchecolatz y el coronel Riccheri. Quiénes idearon la maniobra, Minicucci y sus hombres, eran los mismos que los habían torturado en otros centros como “El Olimpo”, “El Banco” o “Club Atlético”. También visitó el lugar el cura torturador Chistian von Wernich entre noviembre de 1977 y febrero de 1978. Allí fueron secuestradas 251 personas.

TESTIMONIOS

Si bien quienes testimoniaron reconocen al lugar como “Cuatrerismo de Quilmes”, “donde antes había funcionado un pozo llamado Malvinas”, por las descripciones físicas del lugar puede comprobarse que se trata de la Brigada de Investigaciones de Quilmes: “quedaba cerca, digamos cerca, quiere decir a una cuadra del Hospital de Quilmes, y afuera en un jardían tenía un cartel que decía División de Cuatrerismo”. Exactamente igual al Centro clandestino de detención que había sido utilizado para depósito y tortura de prisioneros políticos desde antes del golpe de Estado hasta julio de 1978, Alberto Villani recuerda que el lugar donde estuvo detenido desde enero hasta marzo de 1979: “parecía ser una especie de chalet” que se encontraba “en una esquina […] en un alto”. Osvaldo Acosta, otro de los sobrevivientes que estuvo detenido en la Brigada aquellos meses, agrega más detalles coincidentes: “El edificio estaba ubicado en una esquina, tenía dos plantas, y en la parte trasera como un piso más. Quedarían tres plantas. Tenía entrada en la esquina, y un garage con una cochera muy amplia en uno de sus costados. El otro de los costados, después de la ochava, correspondía a oficinas fabricadas en el primer piso de esa seccional. Luego había, subiendo por las escaleras y por las oficinas que partían desde la ochaba, escaleras que conducían a los calabozos que estaban ubicados en un primer y segundo piso.”

TESTIMONIOS
En la madrugada del 21 de abril de 1978 irrumpieron en mi domicilio de Lanús Oeste veinticinco personas de civil, fuertemente armadas. Mi esposo y yo fuimos encapuchados, esposados y luego introducidos en una camioneta. Sabemos, por muchos indicios, que estuvimos en el sótano de la Brigada de Investigaciones conocida como «Pozo de Quilmes». Allí fuimos interrogados acerca de nuestra actividad en el Uruguay -  de donde provenimos-, y en la Argentina. En este campo pudimos ver a numerosos uruguayos, algunos de ellos en muy mal estado, debido a la tortura. Cinco días después nos dejaron en libertad, previo acuerdo de que debíamos entregar una fuerte suma de dinero. Tanto la extorsión como el secuestro y el interrogatorio estuvieron dirigidos por un individuo que se hacía llamar "Saracho". Fuimos llevados hasta nuestro domicilio, donde debimos entregar una elevada suma de dinero, producto de una indemnización por accidente percibida por mi suegra días antes." Beatriz Bermúdez -Legajo Conadep N° 3634)

 Otro uruguayo, Washington Rodríguez (Legajo N° 4985) declara que a principios de abril de 1978 compartió su detención en este Centro con veintidós compatriotas,- quienes le relataron haber estado recluidos en el "Pozo de Banfield"  donde fueron torturados por oficiales de OCOA. Tanto el tema de los interrogatorios como los métodos de tortura ponen en evidencia que los mismos actuaban también en Quilmes.